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La reciente entrada en vigor de la Ley de Protección del Informante, en conformidad con la Directiva (UE) 2019/1987 del Parlamento Europeo del 23 de octubre, ha introducido nuevas obligaciones para las empresas. En virtud de la Ley 2/2023, las compañías con más de 50 empleados deben implementar canales de denuncia efectivos. Dos fechas límite son cruciales: el 13 de junio marcó el vencimiento para empresas con plantillas de más de 249 empleados, y la próxima fecha límite, el 1 de diciembre de 2023, se acerca rápidamente para empresas con más de 50 empleados. Inspección iniciará multas a pequeñas empresas sin canales de denuncia efectivos en un mes.

  • ¿A qué empresas afectan?
    La recién implementada Directiva de Protección del Informante impone la creación de canales de denuncia,
    tanto internos como externos, garantizando la confidencialidad en tres niveles:
  1. Canal de denuncias interno en la entidad.
  2. En caso de falla, canal de autoridades competentes.
  3. En situaciones críticas o ausencia de acción por parte de las autoridades, se autoriza el uso de los
    medios de comunicación.
    Esta normativa afecta a instituciones públicas y empresas privadas con más de 50 empleados. En los casos
    necesario Los Estados de la UE pueden requerir canales de denuncia para entidades con menos de 50
    empleados en caso de riesgos.
    La Directiva abarca la protección de informantes en diversas áreas, como compras públicas, servicios
    financieros, blanqueo de dinero, financiación del terrorismo, seguridad en el transporte, protección del medio
    ambiente, seguridad alimentaria, salud pública, salud animal, protección del consumidor, protección de datos
    y regulaciones tributarias.
  • ¿Cuáles son las empresas que están obligadas y tiempos?
  1. Empresas con 50 o más empleados.
  2. Empresas del sector financiero o personas jurídicas que operen en España a través de sucursales o
    agentes sin domicilio permanente.
  3. Partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones que reciban fondos públicos.
  4. Grupos de sociedades.
    Se han dado varios tiempos para poderse implantar dentro de las empresas los canales de denuncias, siendo
    hasta el 13 de junio del 2023 para:
  • Empresas de más de 249 personas en plantilla.
  • Entidades del sector público, salvo los municipios de menos de 10.000 habitantes.
  • Entidades jurídicas del sector privado de 250 o más trabajadores.
  • Partidos políticos sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones creadas por unos y otros,
    siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
    Y con fecha próxima de hasta el 1 de diciembre del 2023 para:
    LECOPYME
  • Compañías de entre 50 y 249 personas empleadas.
  • Municipios de menos de 10.000 habitantes.
  • En el caso de los grupos de empresas, según el artículo 42 del Código de Comercio, la sociedad
    dominante tendrá que aprobar una política general y asegurar su integración y aplicación en todas
    las entidades que integren el grupo.
    Es de vital importancia no solo implementar el canal de denuncia, sino también garantizar una gestión y
    seguimiento efectivos de la información recibida. Además, las empresas obligadas deben designar una
    persona física independiente y autónoma como responsable del sistema.
  • ¿Cómo se protegen los datos dentro canales de denuncia?
    Los canales de denuncia tienen como objetivo salvaguardar a los denunciantes en el ámbito público y privado
    que posean información sobre violaciones laborales. Esta protección se extiende a:
  • Empleados de todas las categorías, incluyendo indefinidos, a tiempo parcial y contratados a plazo fijo.
  • Funcionarios y trabajadores del sector público.
  • Terceros que proporcionen información al denunciante.
  • Accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de
    la empresa, incluidos los miembros no ejecutivos.
  • Específicamente, se incluyen personas bajo la supervisión de contratistas, subcontratistas y proveedores,
    representantes legales de los trabajadores, así como aquellos que alerten sobre irregularidades y
    familiares de denunciantes que tengan relaciones laborales con la empresa.
  • Representantes legales.
    La ley prohíbe que una persona trabajadora se le apliquen medidas disciplinarias, modificación negativa de
    sus condiciones laborales, sufra acoso o intimidación, despedida o suspendida de su contrato laboral.
    La protección se mantiene incluso si posteriormente se verifica que la información proporcionada era inexacta
    o no se materializó, siempre y cuando el denunciante tenga motivos razonables para creer que la información
    era veraz en el momento de la comunicación.
  • ¿Qué se pude denunciar?
    Los canales de denuncia van a permitir denunciar infracciones que vulneren las leyes de la UE en relación con
    los servicios financieros, protección del medioambiente, contratación o salud pública tanto sise han cometido
    como si aún no se hayan materializado o de conductas que pretenden ocultar irregularidades, entre otros.
    No estarían amparadas por la protección:
  • Informaciones relacionadas con disputas personales.
  • Informaciones que ya estén plenamente disponibles al público o que no aporten información adicional
    con respecto a otras previamente conocidas.
  • Informaciones que se limiten a rumores sin fundamento o que se obtengan de manera ilegal.
  • ¿Cómo es el procedimiento?
    El proceso de gestión de denuncias se rige por los siguientes pasos:
    El Órgano de Administración o el Órgano de Gobierno de cada entidad, ya sea pública o privada, es responsable
    de implementar el sistema interno de información. Se debe consultar previamente con la representación legal
    de los trabajadores.
    El sistema interno debe garantizar la confidencialidad y protección del informante, además de restringir el
    acceso a personal no autorizado.
    Todas las entidades deben proporcionar información accesible sobre el uso del canal interno, especialmente
    si tienen página web, donde se debe destacar el canal de denuncias.
    La gestión del sistema y del canal de denuncias puede ser interna o externa a la entidad. Si es gestionada por
    un tercero, se deben garantizar la independencia, confidencialidad, protección de datos y secreto de las
    comunicaciones.
    Los canales de denuncia deben mantener la completa confidencialidad y nunca revelar la identidad del
    denunciante sien muy importante cumplir con La Protección de Datos.
    Las denuncias pueden formalizarse por escrito, a través de plataformas en línea o de manera verbal.
    Una vez realizada una denuncia, el denunciante debe recibir un acuse de recibo en un plazo de 7 días.
    Se requiere asignar una persona de contacto para comunicarse con el denunciante y dar seguimiento al estado
    de la denuncia.
    La respuesta debe ofrecerse en un plazo razonable, no superior a 3 meses desde el acuse de recibo.
    Se debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, y toda la información debe conservarse
    en un registro de informes durante el tiempo necesario.
  • ¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento?
    La Unión Europea enfatiza la necesidad de establecer sanciones penales, civiles o administrativas para
    proteger a los denunciantes y evitar represalias. La Ley contempla multas de hasta un millón de euros para
    empresas, con sanciones que varían:
  • De 1.001 a 300.000 euros para personas físicas.
  • De 10.001 a 1.000.000 de euros en el caso de entidades jurídicas.
    Además, se sancionará a aquellos que presenten denuncias falsas o a las empresas que divulguen dichas
    denuncias. Es crucial recordar que las denuncias son anónimas y 100% confidenciales.
    Un plazo máximo establecido por la Ley para la creación de canales de denuncia ya ha vencido, el otro finalizará
    el 1 de diciembre de 2023.
    Es fundamental que las empresas se preparen para implementar estas medidas, ya que la transparencia está
    en aumento en el mundo empresarial, similar a lo que ocurrió con el Reglamento de Protección de Datos.
    La adaptación a esta Ley es un desafío crucial que todas las entidades deben asumir este año.

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